El ejercicio de la función docente es de interés público y, como tal, tiene incidencia sobre la sociedad costarricense. Existe la necesidad de reflexionar sobre el actual modelo de profesional docente, en procura de mejorar la calidad del servicio educativo que se brinda en el país.
El ejercicio de la función docente es de interés público y, como tal, tiene incidencia sobre la sociedad costarricense. Existe la necesidad de reflexionar sobre el actual modelo de profesional docente, en procura de mejorar la calidad del servicio educativo que se brinda en el país.
La necesidad de la evaluación docente debe primeramente responder al cómo, qué, y para qué se ejecutan procesos de este tipo. De forma tal que se establezcan elementos a considerar tanto para quienes ejercen la labor docente, como para aquellos que ingresarán al ejercicio profesional en este campo.
Es importante que la evaluación de la labor docente contemple múltiples dimensiones del quehacer educativo y se valoren diversos instrumentos de evaluación externa, que normalmente encontrará un panorama de difícil aceptación desde el colectivo profesional.
La evaluación docente del desempeño debería iniciar clarificando cual es el interés que se persigue, pero en términos generales ha de contemplar el dominio disciplinar específico, habilidades propias del ámbito educativo como lo serían el dominio de TICs, fomento del trabajo cooperativo, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, elementos deontológicos, entre otras. Aspectos que en su conjunto se orienten a cumplir con los fundamentos de la transformación curricular que se procura en la propuesta de Educar para una Nueva Ciudadanía del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Para ello deben crearse estándares profesionales, que se originen en el consenso de los diversos actores de la educación, de modo que pueda recoger la complejidad de los procesos educativos y satisfaga las necesidades actuales y futuras de la sociedad costarricense.
En ese sentido la evaluación de la función docente ha de tener un enfoque multi metodológico, cómo, con qué, quiénes van a evaluar y proporcionar elementos de práctica profesional, que ayuden e inspiren la mejora en el ejercicio de la labor educativa. Estos estándares deben ser empleados en procesos de evaluación justos, válidos, rigurosos y consistentes, que contemplen también un sistema paralelo de incentivos a la labor docente.
El Ministerio de Educación Pública debe ser un empleador de calidad, en procura de promover una educación con estándares que favorezcan el desarrollo real de habilidades, destrezas y conocimiento necesario para que la persona estudiante se desenvuelva de forma óptima en el mundo del siglo XXI.
Debe recordarse que desde el 2012 la Sala Constitucional dictó un voto que obliga al Servicio Civil a aplicar pruebas de conocimiento a todos los oferentes en los concursos públicos y establece un período para evaluar aspectos de razonamiento verbal y numérico, así como conocimientos científicos relacionados con el ámbito profesional respectivo.
El Sexto Informe del Estado de la Educación (2017) establece que “los hallazgos del informe ratifican la importancia de contar con personal docente de alta calidad. La evidencia recogida para este Informe indica que, en materia de calidad del cuerpo docente, es necesario “cambiar el chip” de la política pública. La profesionalización ha dejado de ser una prioridad, puesto que es una meta prácticamente alcanzada: la mayoría de las y los educadores graduados o en servicio tiene uno o más títulos universitarios. Hoy el problema principal es que, en la práctica, esa formación no es sinónimo de calidad profesional.”
En ese mismo Informe se indica que: “el MEP no cuenta con mecanismos que le permitan seleccionar y contratar a los mejores profesionales, ni saber si los educadores ya contratados tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para aplicar con éxito los programas de estudios”. (2017, Sexto Informe del Estado de la Educación)
Por lo anterior la evaluación docente debe promover la reflexión en un marco de debate constructivo que involucre a la comunidad educativa concepción global, que procure un consenso estable e idóneo en esta materia. A su vez, la formación profesional a nivel país debe considerar estándares mínimos.
Dra. Guiselle Garbanzo Vargas
Decana Facultad de Educación
