Este informe, escrito por Vernor Muñoz, ex Relator Especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Educación, pretende destacar una verdad incuestionable: que ni los derechos ni la educación empiezan cuando el niño o la niña ingresa en la escuela primaria. Por el contrario, como lo afirma la Declaración de Jomtien de 1990 (y que todos los padres saben), “el aprendizaje comienza con el nacimiento” y cada persona, independiente de su edad, tiene el derecho de ejercer sus derechos, incluso el derecho a la atención y la educación.
Tal como lo expone este informe, la atención y la educación en la primera infancia – especialmente para los más vulnerables y desfavorecidos – hace parte del primero de los seis objetivos de -Educación para Todos-, acordados conjuntamente por 164 gobiernos en Dakar en 2000, y es confirmado como un derecho individual en diversos tratados regionales e internacionales. Para la Campaña Mundial por la Educación esto significa claramente que es también responsabilidad del Estado, y por lo tanto, requiere de una respuesta fuerte y coordinada por parte de los gobiernos.
El derecho a la atención y la educación en la primera infancia es, además, crucial para la garantía de otros derechos (como los erechos a la salud y a la participación ciudadana), para ayudar a las personas a salir de la pobreza y realizar su potencial, así como a combatir la inequidad dentro de y entre las comunidades y las naciones. Por ejemplo, The Lancet (una de las revistas médicas más importantes del mundo) publicó nuevas investigaciones demostrando que la primera infancia – generalmente entendida como el periodo desde el nacimiento hasta los ocho años de edad – es la etapa durante la cual la atención de calidad y los programas educativos son más efectivos para “romper el ciclo de inequidades que ha dominado la vida de millones de niños y niñas y sus familias”.
No obstante, si examinamos la planeación y los presupuestos de los gobiernos, como también la cooperación de donantes a países en desarrollo, parece que el derecho a la atención y a la educación en la primera infancia, y su carácter de indivisibilidad de los demás derechos, no es ampliamente aceptado. Con algunas excepciones notables, la mayoría de los gobiernos no prioriza todavía – o muchas veces no incluye – la primera infancia en sus estrategias ni en otros planes nacionales. Apenas la mitad de los países que hacen parte del Informe Mundial de seguimiento de la UNESCO a la Educación para Todos confirma tener programas oficiales dirigidos a niños y niñas de 0 a 3 años de edad, y muchos de estos atienden apenas a una minoría de estos niños y niñas. El promedio del gasto público regional destinado a la educación inicial varía de 0.5% del PIB en Europa del Este y Central, a cerca de 0 en el Asia Suroccidental y en el África Subsahariana. El Comité para los Derechos del Niño destaca que, en sus informes al mismo, muchos Estados - ofrecen poca información sobre la primera infancia, incluyendo básicamente comentarios referentes a la mortalidad infantil, al registro civil de nacimiento y a la atención en salud.
Además, el informe argumenta que la falta de reconocimiento de los niños y niñas más pequeños como sujetos de derecho es un factor crítico para la perpetuación de estos vacíos. Sin un marco de derechos, la presión sobre los gobiernos para cumplir con sus responsabilidades resulta débil o está ausente. Esto lleva a un dominio relativo del sector privado en la prestación de servicios para la primera infancia, creando, para los más pobres y vulnerables, una barrera por sus costos, además de una dependencia basada en esta justificación económica para su provisión de educación en la primera infancia. Este escenario trae implicaciones peligrosas para los contenidos y los currículos en atención y educación a la primera infancia como también en la distribución de los servicios.
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